Sin embargo, la elaboración de una norma que ponga orden en el mercado de los bienes tangibles se ha retrasado indefinidamente, según confirman fuentes gubernamentales. No hay una norma definida, pero tampoco hay un control ni un registro de empresas de bienes tangibles inspeccionadas por la Administración. Los inversores continúan depositando su dinero en muchas de estas empresas, pero no saben si la inversión es segura o si detrás hay una presunta estafa piramidal como en las compañías filatélicas

El sector ha quedado muy tocado tras el estallido de Afinsa y Fórum. Arte y Naturaleza ha presentado suspensión de pagos voluntariamente hace unas semanas y Bosques Naturales se encuentra en una situación límite.

La intención del Ejecutivo era desgajar de la actual Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobada en 2003, una disposición adicional, con rango de ley, en la que se deje claro que las inversiones en bienes tangibles no son financieras, y su control depende del Ministerio de Sanidad y Consumo y no de Economía.

Promesas incumplidas
Pero el Gobierno no sólo ha incumplido su promesa de regulación de los bienes tangibles. Tampoco ha puesto en marcha hasta ahora las prometidas ayudas a los clientes de Afinsa y Fórum "más necesitados".

Nada más estallar el escándalo, el Ejecutivo anunció la posibilidad de conceder anticipos a cuenta de los reembolsos que determine la Justicia. Las ayudas se calcularían en función de las rentas y de las situaciones personales de los afectados. "Hasta ahora no ha llegado nada, y no tenemos esperanza de que se haga antes de las elecciones generales", explica Fernanda, vicepresidenta de la Asociación de Afectados de Fórum Filatélico, que agrupa a unos 40.000 ahorradores.

Otro grupo de afectados, reunidos bajo la Asociación Afinsa-Fórum de Vizcaya, asegura que el director de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno reconoció que las medidas anunciadas "no son factibles" . Tal y como explica la presidenta de esta Asociación, Begoña Silva, "nos vino a decir que las promesas se hicieron para callarnos la boca".

Defensa jurídica gratuita
Otra de las medidas anunciadas por el Gobierno de Zapatero fue la defensa jurídica gratuita. Para ello, dotó con cuantiosas subvenciones a 10 asociaciones de consumidores. Pero ninguna de ellas es totalmente gratuita, y todas cobran una cuota mensual a cada afectado.

Tampoco se ha promocionado la página web informativa que en su momento pidieron los jueces y que demandan constantemente los miles de afectados. Existe sólo una ventanilla judicial para informar a los clientes que sólo está abierta dos horas por las mañanas y en la que únicamente se aportan los datos fundamentales: que la suspensión de pagos está en marcha y que el proceso penal también avanza.

"Sentimos que la sociedad se ha acostumbrado a vernos cada cierto tiempo protestando", se queja un afectado. "Pero no hemos recibido respuestas y nos tememos que pasarán muchos meses antes de que las tengamos".