Las argumentaciones para llegar a esa conclusión, asumidas en esas reuniones, son dos: una actuación desproporcionada por parte de Hacienda al recomendar la intervención de las dos entidades fruto de unas inspecciones en las que se las analizaba como sociedades financieras, sin que lo fueran; o por la simple dejadez del Ejecutivo al regular este tipo de actividad, cuando en noviembre de 2003 se envió la cuestión a las "autoridades de consumo", repartidas por comunidades autónomas, sin definir las obligaciones legales de un negocio que, aunque desarrollado por entidades mercantiles, era financiero.

Cálculo difícil

El paso del verano y la falta de una evaluación acertada del daño causado o el desfalco producido han paralizado el debate en la Administración. Por lo pronto, los casi 400.000 afectados deben denunciar su situación ante Consumo antes del próximo 2 de octubre. Con esos datos y el análisis de los activos de ambas empresas, incluida la valoración de los sellos depositados, las autoridades que gestionan el proceso concursal (antes quiebra) estimarán, dentro de no menos de medio año, las cifras oficiales que se deben manejar.

Los obstáculos no serán pocos: posibles sellos falsos entre los más de 200 millones almacenados, patrimonios personales de los responsables, activos inmobiliarios, hipotecas, cuentas en el extranjero, etc. Hasta que no haya una cantidad definida y se haya individualizado el posible daño que se ha podido hacer a cada afectado, el Estado no podrá indemnizar en caso de que el juez lo estime.

Esa complejidad y el obligado respeto del Ejecutivo a las pesquisas que realiza en la actualidad el Poder Judicial, hacen que no se haya tratado aún de incluir una partida concreta como posible o futura indemnización dentro de los Presupuestos para el año que viene. Es demasiado pronto. Además, eso sería como asumir antes de tiempo que la responsabilidad del Estado existe, y no es esa la estrategia. Sólo se pagará cuando un juez lo decida. Eso sí, en las cuentas para el año que viene habrá más fondos para las organizaciones de consumidores que ofrecen ayuda jurídica a los cientos de miles de afectados.

Proporcionalidad

Los expertos jurídicos en esta área saben que es muy difícil demostrar la relación causa-efecto entre lo que hizo o no la Administración y el daño causado a los usuarios. En el caso de la intervención, el principio que los jueces deben interpretar es el de la proporcionalidad de la medida: ¿pudo haberse evitado la alarma social y el desmoronamiento de los ahorros de tanta gente? Aunque hubiera un caso cierto de evasión de capitales o apropiación indebida dentro de las empresas, ¿no se podía solventar sin causar daño patrimonial a tantas personas?

Las sentencias del Tribunal Supremo establecen que quien invierte movido por la ambición de tener una rentabilidad jugosa en el mercado afronta las consecuencias: si pierde, se aguanta. Pero este caso va más allá. Hubo una intervención y, salvo que salgan datos escandalosos sobre la gestión de Fórum y Afinsa en la investigación que ahora sean secretos, se hizo sobre un ámbito en el que pudo incluso haber dejadez del Gobierno (éste y el anterior) a la hora de legislar.

Lo que tampoco perderá el Gobierno es la oportunidad política que la cuestión le ofrece. Si se tiene que afrontar el pago por una actuación negligente del Ejecutivo, cuando se pudo evitar en el desarrollo de la Ley de Fondos a finales de 2003, habrá que sacar a la luz a los responsables políticos del momento. Y no eran otros que el ex ministro Rodrigo Rato y su equipo. Fuentes cercanas a los hechos aseguran que entonces hubo reuniones, encuentros y movimientos que dieron con la cuestión en Consumo, sin medios para regularlo, y sin que nadie sepa aún cómo ni por qué.