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CONTRAINFORME A LAS PATRAÑAS DEL GOBIERNO
Cuando el 13 de Diciembre de 2007 se consumó en el Congreso
la traición a los afectados de Fórum Filatélico
y Afinsa por parte de la práctica mayoría de los
grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Popular
y poco más, y se aprobó el Engendro de Bienes
Tangibles –también llamado Ley por algunos maquiavelos
de saloncillo que, con poca astucia y mucha doblez, juegan todavía
a la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier
consideración de carácter moral –, el Gobierno
que sufrimos se comprometió a remitir a la Cámara
un informe que incluyese la descripción y el balance
de las medidas adoptadas por la Administración en favor
y defensa de los afectados por la crisis de las filatélicas
–también llamada, por algunas mentes lúcidas
y nobles, crisis del Estado de Derecho –.
Treinta y dos folios más el encabezamiento ocupa el informe
(Ver PDF). A
los que soportamos esta situación desde hace ya casi
dos años (se dice pronto) no deja de sorprendernos que
se desperdicie tanta celulosa para enunciar tan escasa sustancia.
Folio y medio le hubiera sobrado a un maestro de la narración
breve para relatar lo mal que el Gobierno ha cumplido lo poco
que se le encomendó cumplir. Como nosotros no tenemos
esa capacidad de concisión y, además, nos exasperan
y descomponen tantos disparates, nos vamos a extender algo más,
pedimos disculpas.
Así, la aberración comienza asegurando que, a
fecha 15 de Diciembre, el Gobierno ha cumplido plenamente con
las medidas que el Congreso instó a adoptar en defensa
de los afectados en su moción de 25 de Mayo de 2006.
Estas medidas, se dice, son las que siguen (páginas 2,3
y 4 del Informe):
- Regulación del sector de bienes
tangibles mediante la Ley de protección de los consumidores
en la contratación de bienes con oferta de restitución
de precio (el Engendro, la Ley de Bienes Tangibles)
- Establecimiento de la línea de anticipos
ICO, con el fin de contribuir a superar situaciones económicas
difíciles en tanto no finalicen los procedimientos
judiciales.
- Concesión de subvenciones, por
importe de 2 millones de euros a las Asociaciones de Consumidores
pertenecientes al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)
para el apoyo y el asesoramiento de los afectados.
- Creación de una ventanilla única
en la Audiencia Nacional para agilizar las denuncias.
- Impulsar la solicitud del complemento a
mínimos para los pensionistas que antes no lo podían
obtener debido a los ingresos de sus contratos filatélicos.
- Creación de una Red rápida
de información integrada por miembros del Estado y
miembros del CCU.
Son entonces seis medidas, seis. Veamos cuáles han sido
realmente útiles o beneficiosas para los perjudicados.
Sobre la Ley de Bienes Tangibles, qué más podemos
añadir a lo ya expuesto en anteriores comunicados, salvo
reiterar una y otra vez que esta cosa a nosotros ni nos va ni
nos viene, ya que de nada nos sirve una vez desestimada por
mayoría en el Senado y en el Congreso –gracias
al rechazo nacionalista – la posibilidad de incluir en
ella la creación de un fondo de compensación para
contingencias futuras y con carácter retroactivo para
los actuales damnificados por las intervenciones. Expresándolo
con más claridad, tal como nos hubiera gustado gritárselo
desde la tribuna de invitados del Senado al senador del Grupo
Socialista, Sr. Castaño, cuando nos la leyó enterita
en aquel Pleno inolvidable:
VALE, MUY BIEN ¡¡Y A NOSOTROS QUÉ!!
Aun sabiendo que la Ley no nos ayudaría –nosotros
lo sabemos desde el pasado Diciembre, ellos lo tenían
claro desde el principio (ver página 7 del Informe, punto
3) –, se atreven a presentarla dentro del paquete de medidas
tomadas en nuestra defensa.
Aprovecharemos, pues, la evidencia (página 2) de la falta
de un marco completo de regulación anterior al 9 de Mayo
de 2006 para apoyar nuestros argumentos en la reclamación
de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Por lo tanto, la primera de las supuestas medidas lo único
que mide, y de largo, es la desvergüenza del Gobierno y
su desprecio por medio millón de ciudadanos y sus familias.
Continuamos.
Los anticipos ICO, la limosnilla de ida y vuelta, la mercromina
con la que aspiran a enmendar la masacre y calmar los ánimos.
El que tenía mucho, recibe poco y el que tenía
poco... menos que nada. No decimos que seis mil euros le vengan
mal a nadie, pero de ahí a pretender que con eso, o menos,
aguanten decenas de miles de personas hasta la resolución
de los procedimientos judiciales, va un mundo (todo un mundo
real de situaciones personales gravísimas que a estos
pomposos legisladores les importan más bien cero). Y,
además, que no, que esto no resarce a los perjudicados,
que hay que devolverlo –sin intereses, claro, sólo
faltaba eso – y que el control y coordinación del
ICO hacia las entidades adheridas es nulo, inexistente, lo que
ha favorecido todo tipo de abusos a los solicitantes por parte
de los empleados de multitud de sucursales. De las veintiuna
entidades incorporadas, sólo hay un puñado que
se comportan con decencia o que siquiera saben de qué
estamos hablando a la hora de tramitar los créditos.
El ICO, para mayor escarnio, hace caso omiso de las reclamaciones
que en este sentido se le presentan.
Las subvenciones a las Asociaciones de Consumidores del CCU:
dos millones de euros tirados a la basura. En cuatro ocasiones
asegura el informe que “esta colaboración”
con las Asociaciones de Consumidores y Usuarios “ha posibilitado
la defensa y representación GRATUITA de los consumidores
afectados”. Que se lo pregunten a los afiliados de alguna
de ellas, a los que les han cobrado cuota de alta, cuota anual
y, el colmo, cuota adicional a cambio de una desganada representación
en el procedimiento contencioso-administrativo contra el Estado.
La mayoría, después de embolsarse su parte, ni
han presentado la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Desde ese punto de vista sí que han cumplido bien su
cometido: no morder la mano que las alimenta. ¿Merece
esta actitud el calificativo de “labor encomiable”
(página 10)? ¿Será constitutivo de delito
tal comportamiento?
Por lo que sabemos, la intención declarada de la Administración
(página 6) de “promover y apoyar el agrupamiento
de los afectados en las Asociaciones de Consumidores”
no es sino un eufemismo que oculta su verdadera intención,
es decir,
“procurar y alentar el aborregamiento”.
En cuanto al resto, la ventanilla única es tan única
que nadie la ha visto. El complemento a mínimos de los
pensionistas es un derecho legal, no un regalo de los dioses
que nos tutelan (página 3: el Instituto Nacional de la
Seguridad Social dio instrucciones para que los pensionistas
en esta situación fuesen atendidos, ¡ole!). Y la
Red Rápida de Información va a tal velocidad que
la página Web del Consejo de Consumidores y Usuarios
no puede seguirla y su apartado sobre Fórum y Afinsa
no se actualiza desde el 2006 –eso sí, es trilingüe
–. Por su parte, la Web de la Administración Concursal
de Fórum ha publicado sólo cuatro exiguas noticias
referidas a su actividad y gestión desde mediados de
2007, una de ellas sobre la donación de unos rotuladores,
puzzles y caramelos que han encontrado por ahí (no es
broma, puede verse en www.administracionconcursalforum.com)
Lo cierto es que, aunque en la página 4 se nos quiera
convencer de que esta Red Rápida ha distribuido la “información
sobre cuestiones de fondo y forma esenciales para la correcta
defensa de los intereses de los afectados”, la mayoría
de estos afectados sabíamos en el fondo que la única
forma de obtener información veraz y realmente defender
nuestros intereses era agruparnos en asociaciones no dependientes
de la Administración, como así hemos hecho.
En la misma página 4 se alardea de haber logrado “una
actuación coordinada de apoyo a los afectados”
cuando lo único coordinado ha sido el insulto y el abandono,
el desprecio y la manipulación de nuestra realidad.
Resultado obvio: ninguna de las medidas supone una ayuda real
y mucho menos una SOLUCIÓN, que es lo que debería
haber tenido previsto un Gobierno de verdad, formado por personas
de verdad, antes de intervenir con tal salvajismo el futuro
de tantos conciudadanos.
Por mentir, mienten hasta en la fecha de la intervención.
En la página 6 mencionan el 8 de Mayo de 2006, cuando
a ninguno de nosotros se nos va a olvidar jamás el día
9.
Acaso sea un lapsus que les traiciona y manifiesta que para
ellos el festival empezó un día antes, mientras
terminaban de perfilar, suponemos, la coreografía del
espectáculo policial y mediático de la mañana
siguiente. “(...) desde el mismo momento, el 8 de Mayo
de 2006, (...) el Gobierno se puso en marcha”. Desde luego
que sí, a toda marcha, pero en dirección contraria
a la de los legítimos intereses de 460.000 españoles.
A partir de cierta página la farsa argumental se repite
y se repite y se repite hasta el agotamiento. Como si la clonación
de falsedad sobre falsedad, de hipocresía sobre hipocresía,
pudiese nublar el entendimiento y añadir algo de credibilidad
a lo inadmisible. Y de postre, para cerrar el círculo
y por si no estábamos lo bastante hartos y empachados
de su autosatisfacción, nos regalan con una exhaustiva
descripción de la Ley de Bienes Tangibles (¡otra
vez ella!) a pesar de haber reconocido previamente su ineficacia
en nuestro caso. ¿Quién era el infeliz que pensaba
que no se podía afirmar de manera simultánea una
cosa y su contraria?
Este “INFORME”, en fin, es sinónimo de deforme,
de amorfo y de contrahecho. Un monumento a imagen y semejanza
de sus ideólogos. El libreto de una opereta dedicada
a la redundancia y el hastío. Cada frase supone un agravio.
Cada párrafo el reflejo exacto del vacío intelectual
y emocional de sus redactores. Podríamos destruirlo línea
a línea, pero haríamos interminable este comunicado.
Que cada uno de nosotros valore el resto del contenido y saque
sus propias conclusiones, si le deja el estupor.
Quizás crean que somos como perrillos de Pavlov, que
babearemos al toque de campana de su demagogia electoralista
y que les daremos en las urnas la compensación al “enorme
esfuerzo realizado”.
Bien, ya veremos. Sólo quedan 40 días para poder
usar el voto a conciencia y a conveniencia.
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