EL DEFENSOR DEL PUEBLO NOS DA LA RAZÓN

El pasado mes de Diciembre, el Defensor del Pueblo, D. Enrique Múgica Herzog, presentó a la Secretaría de Estado de Economía una Recomendación sobre el caso Fórum – Afinsa.

En este texto de siete páginas, el Defensor del Pueblo hace responsables a los poderes públicos del problema generado a los 400.000 ciudadanos perjudicados por las intervenciones judiciales a Fórum Filatélico y Afinsa y pide la búsqueda de alguna solución para los mismos.

Todo el escrito resalta, del primer párrafo al último, el vacío legal en el que debían actuar, no sólo Fórum y Afinsa, sino cualquier empresa de inversión en bienes tangibles y subraya la confusión creada por esta desregulación del sector.

Importante y alentador para todos aquellos que en algún momento se hayan podido sentir estigmatizados por ser clientes de estas empresas, es el análisis que el Defensor del Pueblo hace de la inversión en bienes tangibles, a la que define como una opción de mercado que, sin ser una novedad, se ha extendido y desarrollado en las últimas décadas, abriéndose a la generalidad de los ciudadanos a través de sociedades especializadas que han permitido la utilización de los bienes tangibles como producto idóneo de inversión, con características diferenciadoras de los productos tradicionales que lo hacen particularmente atractivo.

Tras analizar los tipos de contratos que firmábamos los clientes de estas compañías, el escrito llega a la conclusión de que se trata de auténticos productos de ahorro-inversión que tienen a los bienes tangibles como “soporte material de la inversión financiera que, debido al volumen de inversores y a las existencias limitadas de activos, se convierten en un mercado que genera plusvalías a largo plazo”. Por lo tanto, debíamos haber sido considerados inversores protegidos por la normativa específica del sector de inversión y no consumidores mal amparados por la Disposición Adicional 4ª de una Ley incompleta y encomendados a las autoridades de consumo.

Se cuestiona el Sr. Múgica la efectiva actuación de los poderes públicos, ya que no han cumplido su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos y han mostrado una absoluta falta de previsión. Reitera que “lo más lógico hubiera sido abordar la cuestión legislando para resolver la problemática de las sociedades de inversión filatélica, conocida desde 1994”.

Como saben, nuestra Asociación presentó el 16 de Enero su reclamación de responsabilidad contra el Estado (ya pueden ver un resumen de la misma en la sección de nuestra Web BUFETE MARÍN INFORMA). Dicha reclamación no está, por supuesto, basada en este escrito del Defensor del Pueblo. Sin embargo, los argumentos de fondo son exactamente los mismos, por lo que produce una gran satisfacción y cierta esperanza ver como una institución oficial, aunque con retraso, nos da la razón.

Nos ratificamos, pues, en nuestra posición irrenunciable: las autoridades competentes debían haber legislado y, en todo caso, depurado las posibles responsabilidades de los administradores en las supuestas irregularidades cometidas; pero nunca haber optado por una intervención que sólo demuestra una gravísima falta de imaginación, previsión y conciencia social y que ha producido unos daños económicos mucho mayores de los que supuestamente pretendía evitar, por lo que deberá, tarde o temprano, responder ante los perjudicados.

La pregunta clave sigue siendo la misma: ¿A quién beneficia todo esto?

(Para descargar en PDF el texto completo del Defensor del Pueblo, pinche aquí)